La vicepresidenta de la Mancomunidad de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir, Aurora Banea, ha solicitado al presidente de dicha institución, Julio Álvarez, que a su vez es alcalde de La Puebla del Río, que justifique 3.000 euros que salieron de las arcas en un viaje que finalmente no se realizó. Baena esperaba que en la pasada Junta de Gobierno, celebrada el jueves, se resolviera pero esta cuestión no fue incluida entre los puntos del día.
El supuesto viaje era un desplazamiento a Mallorca en abril de 2008 que supuso la salida de 3.000 euros de las arcas de la Mancomunidad, según pudo ver Baena en la documentación que sí le dejaron ver el mismo jueves. De hecho, este cargo estaba retirado a nombre del propio presidente, que luego justificó esta cifra «con una factura del mismo importe expedida por una agencia de su municipio, presuntamente vinculada a un concejal de su mismo partido. Pero Julio Álvarez comentó que el viaje no se realizó», según apunta Baena, por lo que la vicepresidenta quiere encontrar una explicación a ese gasto. Además, se muestra indignada ante la falta de transparencia, ya que indica que «no es normal que ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno, y menos de la Junta General, conozca los gastos de protocolo, viajes, dietas, desplazamientos, etcétera, que se producen en esta entidad». Por ello, Baena pide que cesen los «engaños apelando a la solidaridad y responsabilidad para gestionar una entidad en pro del bien común».
No es la primera vez que se pone en duda la responsabilidad de Julio Álvarez ante el uso de recursos públicos. De hecho, sobre él existe una denuncia por haber gastado más de 6.000 euros de su teléfono corporativo en realizar llamadas y enviar mensajes a su novia entre septiembre de 1999 y febrero de 2001. La denuncia fue interpuesta en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en mayo de 2008 denunciaron que el caso llevaba seis años y medio parado. Para entonces, Álvarez ya había restituido en las arcas la cantidad que había gastado. En mayo del año pasado, la Fiscalía solicitó una condena de siete años y nueve meses de prisión, imputándolo por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Además, se pide la inhabilitación por 10 años. El juicio definitivo está pendiente de fecha.
